Según un documento de la Unión Europea, una familia es pobre en términos energéticos cuando debe destinar más del 10% de sus recursos en calefacción, en el que caso de que esta cifra supere el 20%, la situación pasa ser extrema. Estos valores son medidos con el criterio de que una calefacción satisfactoria en una casa es de 23°, según valores de la Organización Mundial de la Salud.

Con esta propuesta bajo el brazo, los defensores del pueblo le pidieron una audiencia al ministro de Energía Juan José Aranguren, esgrimiendo que si bien el país cuenta con la tarifa social, la misma no tiene relación con “los consumos de energía según exigencias que imponen las condiciones geográficas y latitudes de climas extremos como los de nuestra región.”

Ante esta situación, se propone combinar este nuevo criterio, sin afectar la tarifa social, para darle contención a las familias pobres energéticamente, beneficio que debería renovarse cada dos años.

El subsidio consistiría en evitar que en los hogares se supere la barrera del 10% de los recursos destinados al consumo directo o combinado de energías utilizables para

calefaccionamiento, como energía eléctrica, gas por red o garrafas, tubos, zeppelines, leña o cualquier otro material.

El pedido de audiencia fue presentado por la defensoría de la provincia de Chubut y de las ciudades de Neuquén, Zapala, Centenario, Bariloche y San Martín de los Andes, de acuerdo a lo informado por el organismo de esta última localidad, lugar en el que se reunieron todos los representantes el 28 de marzo.

Según informaron los defensores, el Ministerio de Energía admitió que el concepto era pertinente “conforme surge de información publicada por la Agencia Oficial de Noticias Télam con fecha 30 de mayo de 2017, oportunidad en la que reveló que la actual administración nacional proyecta incluir la “pobreza energética” como variable adicional para evaluar el impacto social de las políticas sectoriales, en particular tras los ajustes tarifarios en los servicios de electricidad y gas.”

Lo que no se definió aun es la cantidad de hogares que serían beneficiados de implementarse el subsidio por pobreza energética, pero sí se puede determinar que cambiaría la ecuación de las familias patagónicas que deberán afrontar aumentos de gas de entre 31 y 36%, para los consumos más bajos.